En el marco del proyecto sobre la Historia de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República (ADUR), nos proponemos investigar la situación transitada por los docentes durante el período de la intervención de la Universidad (octubre 1973- febrero 1985), en sus diversas dimensiones: depuración del cuerpo docente a partir de la instrucción de sumarios, desmantelamiento de espacios académicos, depresión del presupuesto general y pérdida salarial -que trajo de la mano peores condiciones de trabajo- así como también la sobrevivencia dentro de una Universidad donde se establecieron nuevas normas de funcionamiento académicas, el fortalecimiento de redes docentes en el exilio, y el sostenimiento de espacios de resistencia a la interna de la comunidad educativa.
Intentaremos abordar estos asuntos en diversas notas. En esta primera entrega, nos dedicamos a un breve análisis sobre la situación general de los docentes universitarios en el período que nos ocupa, así como del recorte presupuestal profundizado por las autoridades de la dictadura militar.
El 27 de octubre de 1973, explotó una bomba en la Facultad de Ingeniería, manipulada por el estudiante Marcos Caridad Jordán que falleció en el acto. Al día siguiente, las autoridades nacionales disponían -mediante el Decreto 921/973-, la intervención de la Universidad de la República que quedó bajo el control directo del entonces Ministro de Educación y Cultura, Edmundo Narancio; y la suspensión de las tareas docentes y administrativas. La mayoría de los decanos y el Rector –Samuel Lichtensztejn– , así como otros universitarios, fueron detenidos y permanecieron recluidos por diversos períodos en los centros de detención del régimen. Las Facultades, Escuelas, así como varias dependencias de la gestión universitaria fueron dirigidas por interventores. Un mes más tarde, se declaraba ilegal la FEUU junto a otras organizaciones políticas.
Entre 1973 y 1984, la matrícula estudiantil llegó casi a duplicarse. En las elecciones universitarias de setiembre de 1973, votaron 22.233 estudiantes y once años después lo hacían alrededor de 42.000. Para 1974, la matrícula había aumentado a 26.280 y para 1977 a más de 32.000. Diez años después, saltaba a la cifra inédita de 14.000 ingresos sólo en 1984. El aumento de la población estudiantil, fue un problema para las autoridades interventoras que promovieron como respuesta la limitación del ingreso. La discusión que se venía procesando al menos desde 1974 se efectivizó en 1977 a partir de la instalación de pruebas de admisión en algunos servicios, generalizandose en 1981.
Pese a este incremento, los recursos presupuestales adjudicados a la Universidad lejos de acompañar el crecimiento, provocaron un profundo estancamiento material. En 1984, la Universidad invertía por estudiante una cuarta parte de lo que destinaba en 1972. Entre otros factores, esto se debió a la reducción del presupuesto nacional destinado a la casa de estudios, en línea con las directivas económicas de contención del gasto público.
Según los datos proporcionados en el Convenio sobre Cooperación Técnica entre la República Oriental del Uruguay y el Banco Interamericano de Desarrollo, para la Expansión y Mejoramiento de la Universidad de la República de 1978, los montos destinados al financiamiento de la educación pública, eran los siguientes:
Y según los datos del mismo informe, los montos afectados por estudiante de la Universidad habían descendido de U$ 1042 en 1970 a U$ 607 seis años después.
La relación docente- estudiante, también se vió perjudicada en este período. Mientras que en 1972, por cada docente en actividad había 7 estudiantes, esta relación pasó a duplicarse en 1985 cuándo la relación pasó a ser 1 docente cada 17 estudiantes. En la revista Tribuna de Estudios Juveniles del año 1986, se señalaba por ejemplo que un docente de la Facultad de Derecho no podía “dedicar a cada estudiante, dentro de su margen de horario, más de 14 minutos por semana”.
En 1985 el delegado docente a la Comisión Central de Presupuesto –Roberto Markarian– y el Ing. Ángel Pérez realizaron un informe para la interna de ADUR en el que analizaban la pérdida salarial que los docentes habían sufrido durante el período de la intervención.
Sólo en el rubro sueldos, las pérdidas constatadas eran las siguientes:
| Docente | No Docente | Total | |
| 1972 | 407:365 | 433:096 | 840:462 |
| 1974 | 457:580 | 528:779 | 986:360 |
| 1981 | 417:595 | 496:331 | 913:926 |
| 1984 | 312:729 | 431:527 | 744:259 |
El aumento otorgado entre 1972 y 1974, se debió en buena medida al aumento de los cargos de confianza que controlaron el aparato administrativo y docente de la Universidad intervenida, y -según señalaba el documento de ADUR- a sus “abultados sueldos” y a la “macrocefalía burocrática” que caracterizaba a la Universidad, fundamentalmente en sus organismos centrales.
A este problema se sumaba la forma de asignación de recursos. A partir de 1974 los presupuestos universitarios fueron elaborados en la órbita del Ministerio de Cultura, recibiendo la Universidad un planillado en el que se le comunicaban los montos disponibles especificados en cada rubro. De esta manera, el conjunto de los cargos docentes se pagaban por Partidas Globales, sin un detalle presupuestal de ellos. Esto significó la libertad para cada servicio universitario de crear o dar de baja en cualquier momento, los cargos docentes que estimara convenientes. La eliminación de la estabilidad laboral se dió de hecho.
En 1985, Markarian confirmaba que: la capacidad de compra de los docentes universitarios, -tomando en cuenta el sueldo básico- era poco más de la mitad de la que tenían en 1973; y esta situación se agravaba por la pérdida de otros beneficios sociales como el salario vacacional, seguro de salud -que amparaba al conjunto del núcleo familiar de los diversos funcionarios-; progresivo de antigüedad en el cargo; Hogar constituído y Asignación Familiar.
Este empeoramiento de la situación de los docentes, se sumó a la ola de destituciones, privación de libertad y desmantelamiento de espacios de producción académica que los universitarios sufrieron en la más de una década que duró la intervención.
Jimena Alonso
Bibliografía:
Duffau, Nicolás (2007). Prohibido usar el mate: Represión y resistencia, 1973-1985. En Esther Ruiz (ed.). “Una poderosa máquina opuesta a la ignorancia: 100 años de la Facultad de Agronomía”, Montevideo, Facultad de Agronomía.
Islas, Ariadna (1995). La Facultad intervenida (1973- 1985). En: París de Oddone, Blanca “Historia y Memoria. Medio siglo de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación”, Montevideo, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
Markarian, Vania y Reali, Laura (1995) Nuevos cauces para una trayectoria cuestionada. En: París de Oddone, Blanca “Historia y Memoria. Medio siglo de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación”, Montevideo, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
Markarian, Vania (1997). Transición y reinstitucionalización democrática en la Udelar (1983-1985). Primera aproximación, Montevideo, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
Markarián, Vania, María Eugenia Jung e Isabel Wschebor (2008) 1983: la generación de la primavera democrática, Universidad de la República. Colección Aniversarios, Volumen 5.
Markarian, Vania (2015) La universidad intervenida. Cambios y permanencias de la educación superior uruguaya durante la última dictadura (1973-1984), En: Cuadernos Chilenos de Historia de la Educación, Núm. 4, Dossier: Educación y dictaduras en el Cono Sur, 121-152.
Rico, Álvaro (2003). La Universidad de la República desde el golpe de Estado a la intervención, Montevideo, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
Fuentes:
Convenio sobre Cooperación Técnica entre la República Oriental del Uruguay y el Banco Interamericano de Desarrollo. Proyecto de Expansión y Mejoramiento de la Universidad de la República. Agosto de 1978.
Tribuna de Estudios Juveniles, Nro.1, Año 1, 1986.
Archivo General de la Universidad. Fondo Histórico. Archivo Privado de Roberto Markarián. Caja 2:
Roberto Markarian y Ángel Pérez. Presupuesto universitario 1972-1984.
ADUR. Informe del delegado a la Comisión Central de Presupuesto. Roberto Markarián. Marzo de 1985.